Luis Ferreiro
Director de Revista Acontecimiento
Vivimos en una sociedad en la que coexiste una pluralidad de grupos con diversos credos, tanto religiosos como filosóficos, ideológicos, etc., cada uno de los cuales comprende una serie de convicciones, valores, criterios éticos y propuestas de configuración social y cultural acordes con la propia cosmovisión. Esto, que es un hecho, la democracia lo convierte en un derecho para todo grupo que respete unos mínimos éticos exigibles a todos, tales como el respeto a las personas, a su libertad, a su igual dignidad, en definitiva a los derechos humanos de todos y cada uno. El conjunto de normas básicas aceptables por todos y, a su vez, exigible a todos, constituye la ética cívica vigente en nuestra sociedad.
Una democracia laica no concede privilegio alguno a ninguno de esos grupos, no les da preeminencia, ni los exime de las obligaciones que dicta la ética cívica, al mismo tiempo que respeta a todos aquellos que quieren ir más allá de los mínimos exigibles y practicar una ética de máximos, como lo serían las de inspiración religiosa. Recordemos, en este sentido, el reconocimiento por parte de la Declaración de Independencia de los EE. UU. del derecho de cada cual a buscar la felicidad según su voluntad. Una democracia así tampoco sospecha, margina, minusvalora o ridiculiza a cualquier grupo que se inspira en una ética de máximos, ni rechaza sus aportaciones positivas al bien común por el mero hecho de que su
inspiración se encuentre en una doctrina religiosa que promueve máximos de felicidad.
La laicidad es la condición «que orienta el quehacer personal y comunitario sin remitir expresamente a Dios, reconociendo la existencia de unos valores mínimos humanos compartidos en un pluralismo no impositivo, sino dialogado y argumentado» (Carlos Díaz). Como tal, es una condición que no impide a
nadie actuar y expresarse según su propio credo religioso. Por tanto, sólo grupos religiosos inadaptados, fanáticos, o que tienen graves tensiones no resueltas para compatibilizar fe y razón, podrán poner objeciones a un marco de convivencia laico.
Tampoco tendrán dificultades las personas o grupos de increyentes, agnósticos o ateos que han llegado de forma personal a sus convicciones no religiosas. Sin embargo, últimamente, de estos sectores han surgido grupos influyentes, que profesan con gran fervor una especie de fundamentalismo irreligioso, que nada tiene que envidiar, en cuanto a fanatismo, a los fundamentalismos religiosos. Recientemente, algunos de estos grupos han pretendido gozar del favor del poder y como éste ha sido receptivo a esas voces, con la excusa de querer fortalecer la laicidad del Estado, más bien la han cargado ideológicamente mereciendo la acusación de laicismo, que es una actitud tan arrogante como la de los confesionalismos que se creen en posesión exclusiva de la verdad, queriendo imponer opciones particulares a todos.
El laicismo «niega a todo creyente el derecho a tener cualquier opinión racional incluso en aquellos asuntos en los que el creyente es miembro de la sociedad civil, pretendiendo recluirle en la sacristía» (C. Díaz). Es un complejo de prejuicios que sostiene que el creyente, por definición, no piensa, y que aquello que él pretende decir sobre cualquier tema es racionalmente impuro, está contaminado por las toxinas de una creencia nociva por irracional y, como mínimo, hay que ponerlo en cuarentena. A ese laicismo, más voluntarista que racional, hemos de hacerle frente. Y esto, tanto como creencia con tan pobres credenciales de racionalidad, a la que no concedemos que escape al escrutinio epistemológico al que se debe someter a cualquier creencia, como, sobre todo, en la medida en que pretende una posición de privilegio frente a otras creencias y se siente justificado para ello sin razón alguna.
Frente a esto propugnamos una laicidad democrática de carácter positivo, que exige respetar los derechos y deberes humanos que dicta la ética mínima común a todos, que no sólo no niega la legitimidad de buscar la felicidad por la vía que cada uno elija voluntariamente, sino que, además, facilite que cada persona y cada grupo desarrollen pacíficamente sin interferencia su propia personalidad al calor de las creencias que profesa, con los únicos límites que establece esa ética común. Igualmente, partiendo de la tolerancia, característica elemental de la democracia liberal, admitirá sin problemas que cada confesión, religiosa o no, se exprese con libertad en los asuntos públicos y mantenga, si lo desea, un discurso crítico que alcance incluso a las instituciones y poderes públicos.
(Acontecimiento, N, 102, 2012/1, editorial)
El seminario se celebró en línea el 13/04/2026
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