Javier Vidiella García
Máster de Formación del Profesorado. UAM
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (de aquí en adelante, TIC) han ido ocupando su puesto en todos los planos de nuestra vida. Pese a la fuerza de algunas inercias institucionales, dichas tecnologías avanzan también progresivamente dentro del ámbito educativo. Las instituciones escolares son, por fortuna o por desgracia, cada vez más conscientes de la necesidad de encontrar fórmulas para una incorporación fructífera de las TIC al desarrollo de la enseñanza de niños y adolescentes.
Las tensiones, dificultades e inquietudes generadas por dicho proceso suelen plantearse desde una óptica fundamentalmente metodológica: ¿cómo hacer de las TIC una herramienta relevante para el aprendizaje? Sin embargo, nosotros queremos dar un paso atrás y llamar la atención sobre otro aspecto mucho más básico y, a nuestro juicio, de tanta mayor importancia. Se trata del problema del origen de estas nuevas tecnologías, y, bajo la perspectiva de este origen, también de las consecuencias que su introducción en las aulas puede traer aparejadas.
A efectos prácticos —y, en nuestro caso, por lo que refiere al mundo occidental— las tecnologías de la información están sometidas al control oligopólico de cinco grandes empresas estadounidenses. Estas compañías, conocidas en inglés como Big Five o Big Tech (“las cinco grandes”: Google, Amazon, Apple, Meta y Microsoft), dominan sectores enteros de la economía digital.[1] Servicios en la nube, comercio electrónico, sistemas operativos móviles, publicidad en internet o correo electrónico son algunos de los ámbitos cuya cuota de mercado se reduce al reparto entre dos o tres de estas gigantescas firmas; amén, por descontado, del desarrollo de tecnologías punteras en inteligencia artificial, macrodatos y otros territorios de prometedor futuro para la economía capitalista.
Volviendo al problema de la enseñanza: observamos que en el ordenamiento jurídico del sistema educativo español se enfatiza continuamente el papel de la educación como pieza clave para la constitución de, por así decirlo, un “clima social” más saludable, y que la incorporación de las TIC a su funcionamiento figura de manera explícita entre los objetivos recogidos por la ley.[2] Ahora bien, la cuestión es que este propósito exige, antes que nada, un soporte material. Y entonces debemos plantearnos una pregunta evidente: ¿quién provee los dispositivos tecnológicos, los programas informáticos, los servicios en línea; en fin, toda la dotación material necesaria para cumplir dicho fin?
Como es natural, en sectores prácticamente monopolizados no queda otro remedio que acudir a la escasa oferta disponible. Por ejemplo, la provisión de servicios de Microsoft y Google suele ser indispensable al funcionamiento normal de las plataformas digitales, herramientas de ofimática y otros recursos que se han convertido en parte del escenario cotidiano de nuestras clases. Más aún: las propias compañías, en un inteligente ejercicio de visión empresial, promueven activamente su vinculación con los centros educativos (sin mencionar siquiera su esfuerzo por influir cada vez más directamente en políticos y legisladores).[3] En el Estado español, por ejemplo, seis colegios participan del programa Apple Distinguished Schools.[4] No deja de resultar llamativo que un sello de “distinción” educativa venga otorgado por una marca comercial, más que por el rendimiento académico, y, sobre todo, social, de la enseñanza impartida.
Estas empresas no son sólo inocentes proveedores de servicios para facilitar que trabajadores apurados realicen su compra semanal a través de Amazon, o para que podamos escuchar música en streaming durante el trayecto de vuelta a casa. También son contratistas del Departamento del Defensa de Estados Unidos, encargados de desarrollar programas de inteligencia artificial para el uso de drones militares y toda una serie de tareas de monitoreo, tratamiento de datos, reconocimiento facial y otras capacidades técnicas cuyo objetivo último, en manos del aparato militar estadounidense o la CIA, dista de inspirar confianza.[5] No podemos especular sobre el rol que terminarán jugando todos estos gigantes de la tecnología contemporánea en misiones bélicas, de contrainsurgencia, de control fronterizo, de vigilancia social, etc.; lo que está claro es que la ausencia casi generalizada de contrapesos —de contrapesos que puedan convertirse en una alternativa real al estrecho mercado existente en algunos ámbitos de las TIC— abre el camino a abusos antidemocráticos cuya magnitud probablemente desconocemos.
El problema político debería resultar evidente en este punto. No se trata de temer la interferencia activa y consciente de intereses económicos particulares en el sistema educativo público —escenario aún más que improbable—, sino de mantener, cuanto menos, una cierta prudencia ante las insospechadas consecuencias que puede entrañar la naturaleza oligopólica del mercado de las TIC.
Aunque señalemos una obviedad, conviene tener presente que nuestro acceso a la información está supeditado a la voluntad corporativa —o, quizá más precisamente, corporativo-estatal— de un selecto puñado de oligarcas; nuestra comunicación, limitada al espectro de lo que fuerzas monopolistas con intereses de dudosa bondad consideran legítimamente “comunicable”. De hecho, cuando los acontecimientos rompen el curso de la cotidiana e ilusoria neutralidad de las TIC, se ponen de manifiesto los graves peligros que acarrea la cesión del espacio escolar a actores sobre los cuales el sistema educativo posee escasa o seguramente ninguna capacidad de influencia ni control institucional.
Sucesos recientes han sacado a la luz algunos reflejos inquietantes en este sentido, como, por ejemplo, permitir provisionalmente y con una obvia finalidad política discursos de incitación a la violencia y alabanzas hacia grupos paramilitares neonazis;[6] la silenciosa censura del algoritmo, que fuerza a retirar de las redes informaciones de completo rigor periodístico;[7] o, como caso extremo, la eliminación inmediata y sin paliativos de contenidos fuera de la línea hegemónica encarnada por el sistema de que los Big Five forman parte.[8]
Todos estos fenómenos apuntan en una misma dirección. En una dirección que, por desgracia, no parece particularmente comprometida con los valores democráticos, de crítica y autonomía intelectual que constituyen el fundamento axiológico del sistema educativo español. Confiar la arquitectura y todos los resortes logísticos de nuestro mundo digital a intereses privados no tiene las mismas implicaciones que conceder una contrata a una empresa para la construcción del edificio que albergará un nuevo colegio. Los límites del control efectivo sobre el aparato tecnológico de las TIC que conserva la institución educativa —y nos referimos siempre a su dimensión pública, regulada de acuerdo con ciertos principios y valores mínimos que parecen necesarios para garantizar el buen funcionamiento de sociedades democráticas abiertas— anticipan, pues, un escenario que a nosotros se nos antoja problemático.
En resumen: la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los procesos educativos, aunque pueda resultar valiosa y, más que probablemente, inevitable, eleva varias cuestiones de calado en torno a la configuración económica, política, tecnológica y social de nuestro sistema educativo. ¿Qué introducimos realmente en las aulas cuando pasamos la investigación académica por los filtros de Google? ¿Qué dinámicas fomentamos al depender de entornos digitales para el almacenamiento y la transmisión de datos personales del profesorado y del alumnado? Bajo nuestro punto de vista, el debate no puede reducirse a la reflexión metodológica, sino que debe, de un modo u otro, lidiar también con las premisas materiales de la incorporación de las TIC al entorno educativo, y problematizar así los fundamentos de la relación que guardamos con ellas.
[1] Para los datos, consúltese https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Big_Tech&oldid=1076829308
[2] LOE con LOMLOE, p. 45. Disponible en https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:d458fa45-e9c0-4854-8787-f468015b968e/web-loe-completa-con-lomloe.pdf
[3] https://www.schroders.com/en/insights/economics/big-techs-market-might-in-five-charts/
[4] https://www.apple.com/es/education/k12/apple-distinguished-schools/
[5] Consúltense, por ejemplo, https://newrepublic.com/article/153044/big-techs-unholy-alliance-pentagon y https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/thousands-contracts-highlight-quiet-ties-between-big-tech-u-s-n1233171
[6] Véanse https://www.businessinsider.com/facebook-reverses-ban-praise-ukraine-far-right-forces-2022-2 y https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-facebook-instagram-temporarily-allow-calls-violence-against-russians-2022-03-10/
[7] https://twitter.com/descifraguerra/status/1501707830780334080
[8] https://twitter.com/EmpireFiles/status/1502431929110433796?cxt=HHwWiMConaP42tkpAAAA
Para citar esta entrada
Vidiella García, Javier (2022) La educacion bajo el imperio tecnológico en Niaiá, https://niaia.es/la-educacion-bajo-el-monopolio-tecnologico/
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