NIAIÁ

¿Es legítimo legalizar la eutanasia?

¿Es legítimo legalizar la eutanasia? Reflexiones sobre el suicidio

Félix García Moriyon.

Profesor Honorario. UAM. Miembro de Niaiá

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

En España lleva ya un cierto tiempo el debate en torno a la eutanasia. Ahora parece que, siguiendo el camino abierto por algunos países, más bien pocos, se va a aprobar una ley orgánica de regulación de la eutanasia. Parte del debate ha sido en torno a los conceptos manejados, empezando por el mismo de eutanasia, pero no voy a entrar ahora en ese tema. En las reflexiones que siguen parto del derecho a morir tal como lo define ese proyecto. Dice su art. 4: «Se reconoce el derecho de toda persona que cumpla los requisitos previstos en esta ley a solicitar y recibir la prestación de ayuda a morir.» En el preámbulo se distingue también entre eutanasia activa y asistencia al suicidio. Y se señala en al art. 5, 1, c) que la persona que lo solicita «debe sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante…». Al principio, en la exposición de motivos añade «… invalidante causante de un sufrimiento físico o psíquico intolerable.» Y deja bien claro cuál es el problema ético que se pretende resolver, un conflicto entre derechos fundamentales y otros protegidos constitucionalmente: «Son, de un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad.»

Por otra parte, también en el preámbulo, se indica que estamos ante «un debate en el que confluyen diferentes causas, como la creciente prolongación de la esperanza de vida, con el consiguiente retraso en la edad de morir, en condiciones no pocas veces de importante deterioro físico y psíquico; el incremento de los medios técnicos capaces de sostener durante un tiempo prolongado la vida de las personas, sin lograr la curación o una mejora significativa de la calidad de vida; la secularización de la vida y conciencia social y de los valores de las personas; o el reconocimiento de la autonomía de la persona también en el ámbito sanitario, entre otros factores.» Estamos ante un genuino y complejo problema moral y, dado el tema, no es de extrañar que sea un debate intenso.

El suicidio, en general, ha sido considerado negativamente en la mayor parte de las culturas y sociedades, con diferentes formas de penalizar a los suicidas, mostrando así el rechazo de su práctica: exposición del cadáver, prohibición de entierro en algunos cementerios, confiscación de sus propiedades que no pasaban por herencia a sus familias… En algunos casos, incluía también duras penas para quienes ayudaran o incitaran al suicidio y, en algunos países, la ley todavía exige hacer todo lo posible para evitar un suicidio. También ha sido frecuente la aprobación del suicidio en situaciones especiales, que van desde el suicidio por honor hasta el sacrificio de la propia vida para salvar a la comunidad. Esto último sucede cuando se deja morir a las personas ancianas que pasan a ser una carga para la comunidad o en algunos casos no tan ancianas, práctica que se ha dado en diversas sociedades y que, con frecuencia era practicada voluntariamente por la persona que se dejaba morir o se mataba.

No obstante, especialmente en la cultura occidental, a la par que el proceso de secularización, se ha ido adoptando una posición de despenalización que se inicia en la edad moderna y se acelera a lo largo del siglo XX. En estos momentos ya ninguno de los países de ese entorno penaliza el suicidio. Es más, desde Hume, claro defensor del suicidio, se vincula el suicidio con una manera de decidir libremente la forma de morir. Ya los estoicos habían defendido la posibilidad del suicidio en coherencia con un concepto superior, supramundano, de la vida digna. Y en los tiempos actuales ha aumentado el número de filósofos, y no filósofos, que ha defendido el suicidio en los casos de una vida con sufrimiento extremo, y en algunos casos han ampliado las situaciones en las que puede ser aceptable el suicidio. Lo que va lento por ahora es la legalización de la eutanasia o suicidio asistido pues requiere la participación de personas que ayuden al suicida o acaben con su vida; más lento va el considerarlo como un derecho que debe ser atendido con presupuestos públicos.

La propuesta de ley, aun reconociendo el problema moral, sustancialmente lo da por resuelto: por eso plantea la regulación, asumiendo el valor positivo de aquello que solo necesita una adecuada regulación, y la necesita porque es un tema delicado.  La ley apuesta por dar prioridad, sin fundamentarlo apenas, a los valores de la segunda parte, la dignidad, la libertad y la autonomía (que denomina bienes que constitucionalmente protegidos) y considera secundarios los de la vida y la integridad (que denomina derechos fundamentales). Es más, se puede deducir que la propuesta mantiene que no es posible vivir con dignidad cuando el sufrimiento psíquico o físico es intolerable o cuando se padece una enfermedad grave, crónica e invalidante; de ahí se sigue que la dignidad, la libertad y la autonomía solo son respetadas en el caso de que se admita el derecho a morir cuando alguien libremente lo decide para hacerlo con dignidad. No me parece muy fundamentado ese supuesto; considero más bien que no es válido afirmar de entrada que en esas condiciones se pierde la dignidad y es preferible quitarse la vida, afirmación de la que se sigue que quienes dan prioridad a la vida y la integridad no están siendo respetuosos ni con la libertad ni con la autonomía y se oponen a que algunas personas tengan una muerte digna. Todas las partes defienden la muerte digna y sin sufrimiento.

En este debate es fundamental el lugar que asignemos a la vida humana en la jerarquía de valores. Por un lado, las religiones del libro (cristianismo, judaísmo e islamismo), dominantes en nuestro contexto cultural, han defendido con energía la dignidad de la vida humana desde el primer momento de la existencia hasta la muerte, y como algo merecedor de un respeto al ser un don de Dios. Obviamente, no se puede apelar a Dios en el contexto de una deliberación pública puesto que es sobradamente conocido que un número significativo de personas no creen en Dios, y el preámbulo de la ley deja claro que la secularización de los valores ha favorecido una actitud más favorable a la eutanasia y el suicidio asistido. Es esta una afirmación más descriptiva que valorativa, si bien podemos pensar que el legislador considera la secularización como un avance o mejora, del mismo modo que considera que regular la eutanasia es algo positivo.

Aceptando cierto ateísmo metodológico, el argumento de que la vida es un don, algo de lo que no podemos disponer por nosotros mismos, puede ser defendido sin apelar a creencias religiosas. Nadie ha pedido nacer, ni tampoco ha elegido cómo y dónde nacer, y en ese sentido se puede mantener que la vida es un don, algo que nos viene dado con gratuidad por alguien que nos acogió al nacer, incluso antes, sin pedir, en principio, nada a cambio. La fragilidad del recién nacido humano es tan elevada que exige una atención permanente. El infanticidio, una práctica desgraciadamente secular, aunque hoy en día muy poco frecuente, es buena prueba de que hace falta que alguien se haga cargo de que el recién nacido siga viviendo.

Simone Weil señalaba que, en realidad, lo primario, lo más básico en un ser humano es la obligación y por eso el ser humano en sí mismo solo tiene deberes y los demás con los que se relaciona tienen derechos (Weil, 1949), idea profundizada por Levinas al situar como quicio de la exigencia ética la mirada de la otra persona. Nacer es ya estar en deuda con aquellas personas que han decidido que nazcamos y se han comprometido con nuestra crianza en una etapa del ciclo vital caracterizada por una máxima dependencia. Esta, así como la vulnerabilidad, es un rasgo constitutivo de todo ser humano que se manifiesta en diferentes grados a lo largo del ciclo vital, pero nunca desaparece del todo. Incluso el hecho de que el proceso de maduración personal implique siempre un incremento de la autonomía, es decir, de la capacidad de tomar decisiones por uno mismo, no evita que sigamos siendo dependientes en muchos sentidos, entre otros, el de ser reconocidos como seres humanos plenos.

Stuart Mill (1895, c. V) hacía una reflexión interesante relacionada con la esclavitud: no es una condición que se pueda aceptar libremente, puesto que atenta contra la libertad y la autonomía. Aunque en principio había seguido la posición de Hume respecto al suicidio, relaciona su reflexión sobre la escalavitud con el caso del suicidio, defendiendo que la sociedad puede intervenir para impedir que alguien se suicide, puesto que ejercer el suicidio atenta igualmente contra la libertad y autonomía, dado que quien, siguiendo su interés personal, se suicida, pierde la capacidad de seguir teniendo intereses; esto es, una vez cometido el suicidio por un acto libre, perdemos toda posibilidad de volver a ejercer nuestra libertad. Hay algo de oxímoron en apelar al derecho a acabar con la propia vida, puesto que pedimos algo que hace imposible seguir siendo sujeto de derechos. Es más, la muerte se caracteriza por ser un acto irreversible. Precisamente ese es, posiblemente, el argumento más importante contra la pena de muerte: es irreversible y es irreparable.

Un personaje de Camus en su novela Le malentendu, Marta, afirma que “No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio”, algo relacionado con el absurdo de la vida. Ahora bien, no se puede tratar la propia vida como algo de lo que se puede disponer, sino como algo que se debe cuidar puesto que es el sustento de todos los derechos que hacen posible una vida digna. Desde otro punto de vista, es pertinente explorar el enfoque que da Agamben al homo sacer, como concepto básico de la dominación del Estado sobre la persona, de la biopolítica tal como la entendía Foucault. Esta sacralidad que, aplicada en su sentido habitual, hace referencia a que tanto la vida como la muerte son límites inviolables e insalvables de nuestra capacidad decisoria, se convierte precisamente en la existencia sin más, el espacio de la nuda vida, sobre la que el poder soberano, o sus expertos sanitarios por delegación, tiene derecho de vida y muerte sobre una persona. Gubernamentalización de la vida y de la muerte, por supuesto con la «libre» anuencia de la persona.

Por otra parte, como es lógico, el proyecto de ley deja claro que se trata de una decisión libre tomada por una persona autónoma en pleno uso de sus capacidades de razonamiento. La apelación a esa libertad como valor máximo es la justificación última de la ley de la eutanasia. Crece en estos momentos un enfoque del suicidio que tiene como sustento de fondo ese individualismo radical, en el que somos dueños de nuestra propia vida y libres para decidir qué hacemos con ella y de ella. La fuente última del valor parece situarse en la propia decisión del ser humano: es bueno lo que yo mismo decido que es bueno y lo es porque así lo he decidido. El límite de mi libertad se restringe a un drástico vive y deja vivir, pues mi libertad termina solo donde empieza la del otro. Obviamente, se dejan fuera otras concepciones de la libertad en las que se destaca la profunda dimensión social y solidaria que tiene el ejercicio de la misma. Desde este enfoque, el principio rector es vivir y ayudar a vivir, puesto que mi libertad solo es posible en un mundo en el que todos seamos libres.

Es más, incluso quienes abogan por esta libertad radical para disponer de la propia vida admiten que existan otras limitaciones; por ejemplo, no se puede vender un órgano en el mercado de los trasplantes o no se puede tolerar un contrato en el que alguien acepte, mediante contrato firmado, ser matado y comido por quien le mata. Este es un caso real, que añade al suicidio el canibalismo, por tanto, extremo, pero también revelador. Se dio en Alemania en el 2006, pero permitió a los jueces dejar claro que no era válida la tesis de la defensa que alegaba inocencia por existir un contrato entre adultos libres. Y en esa línea, el proyecto de ley dice textualmente: «Han de establecerse garantías para que la decisión de poner fin a la vida se produzca con absoluta libertad, autonomía y conocimiento, protegida por tanto de presiones de toda índole que pudieran provenir de entornos sociales, económicos o familiares desfavorables».

No voy a entrar en estos momentos las profundas dudas que la psicología reciente y la economía crítica han arrojado sobre la confianza en el elector racional, es decir, en que nuestras decisiones son tomadas de manera racional, pero no conviene en absoluto olvidar ese problema y no se palia con la exigencia del asesoramiento médico. De hecho, cada vez vivimos en una sociedad más reglamentada en la que hay constantes prohibiciones encaminadas a protegernos de nuestras propias decisiones erróneas.  Susstein lo ha llamado paternalismo liberal radical (libertarian paternalism) que se fundamenta precisamente en la constatación de que es falso que los seres humanos tomen decisiones siempre en su propio beneficio. Tanto ejerciendo el voto electoral como consumiendo, ambas actividades centrales de las democracias realmente existentes, hay sobradas pruebas de que no tomamos decisiones correctas, en el sentido de basadas en argumentos sólidos.

Reconoce además el texto que el entorno puede acotar, y mucho, nuestra libertad y por eso exige garantizar que la persona que solicita la eutanasia está «protegida por tanto de presiones de toda índole que pudieran provenir de entornos sociales, económicos o familiares desfavorables». Coincide en esto con Emile Durkheim, un sociólogo experto en suicidio, quien consideraba que el suicidio es una decisión individual ejercida por causas sociales. Y esto nos lleva a un punto que podemos considerar central en el debate. Ese mismo individualismo radical que fundamenta el derecho a morir, tiene bastante que ver con el hecho de que en estos momentos la soledad es un serio riesgo para la calidad de vida de las personas: atravesamos, sobre todo en algunas sociedades, una auténtica pandemia de soledad, una pandemia que crece y que afecta no solo a las personas ancianas, aunque a ellas más. Son muchas las personas que son encontradas muertas en su domicilio, personas que han muerto en soledad.

¿Qué personas gozan realmente de esa protección requerida por la ley? ¿Las que padecen soledad pandémica? Pensemos también en todas las personas que no tienen acceso a las medidas establecidas por la ley de dependencia o los cuidados paliativos y que en estos momentos son muy numerosas en concreto en España. Y podemos hablar de la presión ambiental provocada por el enorme esfuerzo que deben hacer los miembros más próximos de la familia del demandante de suicidio, en especial las mujeres, para afrontar un largo proceso de dependencia. Muchas personas ancianas interiorizan profundamente que no quieren ser una carga para su familia. Los cuidados paliativos y las medidas de atención a las personas dependientes son sumamente escasos, generando un contexto social que puede ser más receptivo a las diferentes modalidades de eutanasia que acortan la duración de ese esfuerzo.

Si se aplica con rigor el criterio de que las personas que solicitan el suicidio no estén sometidas a ninguna de esas presiones, muy posiblemente quede el suicidio como práctica exclusiva de personas de contexto socio-económico-cultural alto. Por ejemplo, el personaje central de la tragicomedia de Denys Arcand, Las invasiones bárbaras, una sugerente reflexión sobre la eutanasia y la asistencia al suicidio. Al resto habría que negarles ese derecho por las presiones excesivas del entorno, o aceptar un mal menor: como el Estado no tiene fondos suficientes para liberar a los ancianos de esas presiones, mejor facilitar el derecho a una muerte digna, nuevo eufemismo para no hablar de proponerles que procuren morirse pronto, como hizo, en un desliz, un ministro de finanzas japonés, quien tuvo que rectificar poco después.

Pues ciertamente, en estos momentos, el incremento de la esperanza de vida, del que hablan el preámbulo de la ley, ha provocado que la atención digna a las personas pensionistas constituya un serio problema en la gestión de los recursos públicos. Lo decía con claridad Cristine Lagarde, sin que debamos demonizar sus palabras: es un riesgo que la gente viva demasiado. Y no es fácil afrontarlo. Y la humanidad, como decíamos antes, ya ha aplicado en contextos complicados medidas que favorecían o imponían la muerte de las personas ancianas, en especial a las que eran muy dependientes. Wilkinson y Savulescu, analizando un caso célebre de eutanasia en Francia, consideraban importante «separar las cuestiones de beneficio o daño para el individuo paciente (interés superior) de las cuestiones de beneficio o daño para la comunidad en general (asignación/distribución de recursos, justicia)». En los casos de beneficio individual, analizado el nivel de desacuerdo, se puede dejar libertad al paciente individual o a sus representantes legales para tomar decisiones en las que han sopesado que el daño evitado es superior al beneficio obtenido: practicar, por tanto, la eutanasia. En los casos que afectan a la comunidad, sí es necesario llegar a consensos, puesto que implican distribución de recursos, que siempre son limitados. Ellos lo dejaban ahí, pero el problema es complicado: ante la escasez de recursos para garantizar la vida digna a las personas dependientes, ¿hacemos un esfuerzo global solidario para que eso se cumpla o nos decantamos por una solución mucho más económica que genera condiciones favorables a la aceptación de la eutanasia? Si disminuye significativamente el número de personas con elevado nivel de dependencia, otros problemas, también urgentes, podrían recibir más fondos.

Mi respuesta, en principio, es que estamos obligados a hacer ese esfuerzo, pues considero que con políticas económicas diferentes y conductas sociales también diferentes habría posibilidad de llevarlo a cabo. El valor que orienta esta propuesta que defiendo es, precisamente, que el valor de la vida humana es prioritario. En todo caso, la opción segunda, una diferente asignación de recursos, se ha aplicado en la historia y, aunque no se sigue claramente, podemos considerar que este proyecto puede favorecer a la segunda opción. Y ese incremento de la esperanza de vida, del que habla el preámbulo, ha contribuido paradójicamente, pues es un enorme logro social, a que la sociedad sea más más receptiva al suicidio asistido y la eutanasia. Una célebre película distópica de 1973, Soylent Green (Cuando el destino nos alcance), en un contexto de seria preocupación de corte maltusiano por un crecimiento desmesurado de la población, narraba un futuro en el que la duración de la vida estaba claramente limitada por el gobierno.

Antes de cerrar el tema, conviene tener presente un aspecto más que tiene que ver con las posibles consecuencias de la aprobación. Las leyes no solo resuelven problemas existentes, sino que también, al darles una solución específica, generan comportamientos sociales y personales. Dos posibles consecuencias son importantes. La primera tiene que ver con la posición ante el suicidio, que nunca ha sido monolítica, aunque hasta la época actual ha sido siempre valorado más bien de manera negativa. En estos momentos es muy claro el enfoque de la Organización Mundial de la Salud: «La OMS reconoce que el suicidio es una prioridad de salud pública. El primer informe mundial de la OMS sobre el suicidio, Prevención del suicidio: un imperativo global, publicado en 2014, procura aumentar la sensibilización respecto de la importancia del suicidio y los intentos de suicidio para la salud pública, y otorgar a la prevención del suicidio alta prioridad en la agenda mundial de salud pública». Es muy posible que la valoración positiva del suicidio, incluso aunque esté acotada a situaciones muy específicas, entre en contradicción con la lucha contra esa otra pandemia. No olvidemos que detrás de cada suicidio suele haber una situación personal que se vive como insoportable o sin ningún futuro. Puede incluso provocar lo que se llama el efecto llamada: la gente descubre una alternativa a la solución de problemas que considera insolubles o a situaciones vitales que percibe como insoportables.

Una vez que es mi libre voluntad la que decide cuándo debe cesar mi vida, los supuestos limitadores de esa decisión empiezan a ser cuestionados y se van ampliando, tanto en las edades que tienen acceso a esa libre opción como en los indicadores de una vida insoportable. Aunque todavía es pronto, algunos estudios realizados en Holanda y Bélgica indican que la aprobación legal del suicidio puede que arregle algunas situaciones, pero también puede provocar otras: bajar la edad exigida, incrementar el número de solicitudes o flexibilizar los criterios que permiten decidir que la propia vida no es digna de ser vivida. Desde luego, la aprobación de la ley no acalla el debate, que sigue abierto. Ya decía al principio que el problema es grave y que conviene no simplificarlo en oposiciones maniqueas. Debemos buscar una controversia constructiva, no destructiva, una deliberación centrada en resolver problemas no en vencer a quienes piensan de otro modo imponiendo un enfoque. En ese sentido, bien vendría aclara bien los términos que usamos en la deliberación, así como buscar soluciones que puedan suscitar mayor consenso.

Desde luego es prioritario afrontar todo lo relacionado con la dependencia y los cuidados paliativos; y también lo es explorar diferentes actuaciones que buscan garantizar un periodo terminal de la vida con dignidad y atención, sin llegar ni al encarnizamiento terapéutico ni a la asistencia al suicidio. Es muy ilustrativo el trabajo de Simón Lorda (Simón Lorda y otros, 2008), pues en un cuadro muy pedagógico muestra doce posibles modos de actuar, subrayando que hay acuerdo social en nueve de ellos (dos en contra de aceptar la eutanasia y siete a favor) y solo hay desacuerdo en tres, realmente en dos, que son precisamente los dos que elige el gobierno para promover la primera ley sobre eutanasia. No es un comienzo muy prometedor. Hubiera sido hacer lo que hizo María Jesús Montero, actual ministra portavoz del gobierno, cuando era Consejera de Sanidad en Andalucía, cerrando el largo proceso de la «la tramitación de la Ley reguladora de la dignidad de las personas ante el proceso de la muerte».

Bastaba con acelerar el proceso de aprobación del «Proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida» presentado por Ciudadanos en 2013 y por fin en su último tramo de aprobación. Está claro que esta ley implica un mayor coste presupuestario para convertir en reales las previsiones de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y los cuidados paliativos incluidos en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud. Pero hubiera mandado un mensaje distinto; presentando este proyecto sigue más bien la línea de Unidos Podemos, que ya había presentado un proyecto de Ley orgánica sobre la Eutanasia en 2017.

Desde luego, legalizar la eutanasia no significa promoverla, mucho menos imponerla, como dicen quienes defiende su legalización. Es más, resulta coherente en una sociedad con pluralidad valorativa, aunque podemos pensar que no todos los valores defendidos tienen el mismo peso argumentativo. El gobierno toma partido por esa opción y considera que es necesario legalizarla. No obstante, más allá de las dudas que suscita esa manera de entender la libertad, más allá de las dudas sobre la solidez de los argumentos que justifican esa legalización, he intentado exponer que existen sólidas y fundadas razones para pensar que la propuesta de ley surge de —y la promueve— una concepción global de la persona y de la sociedad que no parece muy prometedora en términos de favorecer las condiciones que hacen posible alcanzar una vida plena.

Referencias

Comisión Autonómica  de Ética e Investigación Sanitaria  Ética y muerte digna = Ethics and death with dignity/ [Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitaria ; vocales, Pablo Simón Lorda, Francisco J. Alarcos Martínez]. Sevilla: Consejería de Salud, [2008]

 García Moriyón, F.  ¿Hablamos de eutanasia? Acontecimiento. Nº 132. 2019/3. Pp.27-32

Mill, S. On liberty. London. Parker and Sons. 1859

Simón Lorda, P., Barrio Cantalejo, I.M., Alarcos Martínez, F.J., Barbero Gutiérrez, J., Couceiro, A. y Hernando Robles, P. (2008). Ética y muerte digna: propuesta de consenso sobre un uso correcto de las palabras. Revista de Calidad Asistencial. 23(6):271-85.

Weil, S. L’enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain. Paris. Les Éditions Gallimard, 1949, 381 pp. Collection idée

Zurriaráin, Roberto Germán (2018) Aspectos sociales de la eutanasia. Cuadernos de Bioética. 2019; 30(98)

Para citar esta entrada

García Moriyón, F. (2020). ¿Es legítima la eutanasia? En Niaia, consultado el 16/02/2020 en https://niaia.es/es-legitimo-legalizar-la-eutanasia/

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4 comentarios sobre «¿Es legítimo legalizar la eutanasia?»

  1. Querido Felix.
    Tengo dudas sobre que la eutanasia suponga un menoscabo de la dignidad humana o que ponga en cuestión su caracter de la vida como derecho primigenio. Plantea una situacion extrema y tasada, enfermedad grave, incurable, que genera un sufrimiento extremo. No parece que la elección sea tanto entre vivir y no vivir (por mas que sea la definitiva) como la de vivir en unas condiciones de sufrimiento extremo mas o menos tiempo, en una situación de tiempo tasado clara. Adelantar algo inevitable me parece mas exacto. No parece tanto una incitación al suicidio, como parece que temes, como un suicidio asistido en unas condiciones muy limitadas.
    También parece importante establecer una salvaguarda sobre la toma de decisiones libres y meditadas, el que tomemos decisiones equivocadas no parece tener solución y tampoco quisiera que más alla de la sugerencia alguien nos impidiera tomarlas. A pesar de esto entiendo la preocupacion sobre la presión social para tomar decisiones, como la que aludes de ser empujados a la eutanasia por bien de la sociedad. En cualquier caso de nuevo la situación que describe la ley no parece que llegue a tanto como sugiere la fotografia de la Presidenta del FMI.
    Tema complejo que por ello precisa de regulación.

  2. Evidentemente hace falta regular la actuación ante las personas en situación de dependencia grave y sufrimiento intolerable. Se pueden traer a colación muchos casos concretos. Y planteado así, es bueno legislar para regular la casuística. El problema es que esta ley, como todas, nace en un contexto muy determinado y responde a concepciones de la vida humana muy específicas. Por eso creo que la preocupación que manifiesto es absolutamente legítima y, admitiendo la pluralidad valorativa, entiendo bien que hay personas que defiende incluso el suicidio por libre determinación sin necesidad de justificar nada, siendo suficiente la libre decisión.
    En ese sentido, como digo, es muy recomendable la lectura de se artículo de Simón Lorda para ver que hay variedad de situaciones y propuestas sobre las que las que hay suficiente acuerdo y que de hecho ya se están poniendo en práctica de manera habitual: Limitación del esfuerzo terapéutica, retirada de tratamiento, sedación paliativa…
    Hay un exceso de individualismo y liberalismo radicales que dejan de atender los lazos de solidaridad y apoyo mutuo. Los dos artículos que menciono sobre la evolución en Bélgica y Holanda avalan mi preocupación. Del mismo modo, por el momento, está claro que la mayoría de países se niega a adoptar esta posición.
    Por último, me escama el momento y sospecho que existe un tremendo oportunismo político: se retoma una propuesta ya hecha por Unidos Podemos y sigue estancado el proyecto de ley de cuidados paliativos. Y la prensa de «izquierdas», que en este tema empieza en El País, se vuelca en defensa de la ley con una absurda y poco fundamentada división maniquea: si estás a favor de la ley, perteneces a la España progresista y liberal; si estás en contra o expresas serias dudas, perteneces a las fuerzas de derecha y retrógradas o perteneces a una institución muy nociva como la Iglesia Católica.

  3. Hola, Félix.

    Me encantaría poder hablar directamente sobre el tema ya que hay aspectos de tu exposición que sin la aclaración directa, como cualquier razonamiento, conlleva una incertidumbre unilateral respecto al sentido de lo expuesto. Seguro que en algún debate de Niaia lo haremos y me resultará más evidente algunos aspectos que ahora mismo no termino de ver en su totalidad.

    Intentaré ser claro y hacerte llegar mi parecer, aún por consolidar y abierto a nuevos enfoques, para minimizar este factor de incertidumbre, pero deseo que no me lleve a una posición de atrincheramiento, que entendería absurda, sino desde la disección racional elemental de tus ideas para entenderlas en la amplitud que se merecen. Como bien dices, cuando tenemos que defender posturas en las que los derechos individuales y las normas morales de la sociedad se miran de soslayo, estamos ante un problema moral difícil de consensuar. Entiendo la dificultad de encontrar puntos estables, coincidentes además de resolutivos entorno a algo tan humano como es el hecho que, entre otras aspectos, plantea tu reflexión: el derecho a decidir; más aún, decidir sobre nuestros propios derroteros y en concreto nada menos que sobre la legitimidad de algo tan singular y maravilloso como es la interrupción de una vida, aunque sea la propia.

    Intento acercarte mis dudas de manera esquemática.

    La ley, parece que polariza el problema entre derechos fundamentales y derechos constitucionales, pero no veo por qué deben ser contrapuestos y no al contrario, complementarios. Si en su desarrollo prevalecen (los llamados derechos constitucionales), como son los derechos de dignidad, libertad y autonomía, no me parece baladí. Me resulta más cómodo afrontar el “problema” en su conjunto, fuera del corsé legislativo, como piezas del mismo puzle. Si la ley fuera más generosa con el derecho a vivir y a la integridad (habría que explicar en qué consiste esto), la legitimidad y fortaleza de nuestra moral no creo que se vieran robustecidas. Derecho a vivir, integridad, libertad, autonomía me parece sensato contemplarlas todas ellas fundamentales para el individuo, complementarias y necesarias como garantes de la plenitud que supone vivir.

    Respecto a considerar lo que es vivir dignamente y utilizar esto como medida de nuestra decisión tampoco me parece muy acertado. ¿Podemos decidir qué forma de vivir es digna para otro, incluso para uno mismo? Al igual que defender de irrespetuosos respecto a la libertad y autonomía personal por pensar en dar mayor peso al hecho de vivir sobre el de morir, también tiene cierto tufillo maniqueista. El problema no es la bondad de todas las partes en la defensa de una muerte digna y sin sufrimiento, el problema es la imposición. Si tenemos libertad, autonomía y decidimos dignamente en no traer una vida, por qué no lo es igual, sea la posición de cada cual, el querer decidir sobre su interrupción.

    Entiendo tu recelo y miedo a lo que denominas gubernamentalización de la vida y de la muerte y el enfoque del homo sacer y la “biopolítica” del estado, pero es el propio Foucault cuando define el concepto de poder el que introduce la necesidad de hacerlo con algo tan importante como es el concepto de “libertad”. El poder sólo se ejerce sobre sujetos libres, y sólo en tanto que ellos sean libres. Otra cosa es que nos tengamos que plantear cómo habrá de gobernarse el Estado para evitar, entre otras cosas, el inevitable oportunismo político de turno.

    Sigo en terreno de incertidumbre respecto a la toma de decisiones de una sociedad. Si el estado puede convertirse en su imperfección sacralizada en el catalizador de la nuda vida directamente o a través de sus expertos y por otra parte tanto la racionalidad individual en la toma de decisiones deja mucho que desear llegando incluso a lo que denomina Susstein el paternalismo liberal radical, además de que es bastante plausible que tomamos decisiones en función de la presión social, llego a una especie de parálisis ejecutiva y debo dejarme arrastrar por creencias como que no somos dueños de nuestras vidas y semejantes. ¿Qué inventen ellos?

    Ideas del tipo”…. el valor de la vida humana es prioritario…” o “….no se puede tratar la propia vida como algo de lo que se puede disponer…” me dejan también en terreno de cierta zozobra. Quiénes deben tener la última palabra en asuntos tan relevantes como la decisión de procrear, como en la de no hacerlo, en la de interrumpir una gestación o en el del tema que nos trae aquí. Parece que no es el sujeto paciente sino las creencias, muy dignas y respetables, que en nada tienen presente ya no digo la decisión individual, libre y racional, que podemos entender insuficientes, sino la más mínima empatía por entender el por qué de decisiones tan importantes en pos de evitar el sufrimiento ajeno, las que parecen responder a esta necesidad.

    De momento no me resulta tan evidente que los promotores de la legalización pretendan además imponerla, no lo entendería en absoluto, habrá que estar atento. Más al contrario si me ha resultado más habitual la negación de quienes recelan de esta decisión por criterios poco sólidos o tan rocosos como lo es la de imponerla sin más. No entiendo que su legalización vaya a resolver todos los problemas que conlleva y como bien dices seguro creará otros nuevos y ciertos excesos como los de Holanda y Bélgica, pero esto ocurre con todas las normas, leyes, decisiones que se toman en una sociedad. Hay que regular con criterio y parece cada vez más complicado desligarlo a las agendas e idearios políticos.

    Totalmente de acuerdo en la necesidad de evitar maniqueísmos y procurar buscar un punto de encuentro que suponga sobre todo la resolución de un problema y no la imposición de un ideario, pero como bien comentas, estamos ante un problema de calado moral y seguramente con ramificaciones que nos deriven a situaciones de dilema de imposible consenso. Como ser humano, no me siento capaz en saber regular el sufrimiento ajeno, algún día quizás propio, ni de “parametrizar” conceptos como el de la dignidad, ni siquiera la propia y menos aún coartar una decisión seguramente no totalmente soberana ni independiente de su entorno, pero que tiene con fin último interrumpir además de la vida, no sólo el sufrimiento sin más, sino el que además de padecerlo no produce ninguna otra alternativa ni posibilidad de final y de llegar al mismo término que sin él.

    1. Gracias, Miguel Ángel. Una larga reflexión sobre el tema. Como bien dices, merece deliberaciones cara a cara, con tiempo para precisar, pues son temas en los que es importante hilar fino. En todo caso, la discusión central, desde mi punto de vista, y eso es lo que defiendo, es que la vida es un derecho y un bien límite, en el sentido de que todos los demás derechos dependen de él. Y reconocer el derecho a disponer de la propia vida a voluntad me parece mal. Los casos límites en los que la situación alcanza un nivel dificultad y conflicto enorme, merecen un tratamiento específico, pero sin olvidar tanto los derechos fundamentales como los bienes constitucionales, que, según algunos juristas, no son lo mismo.
      Por otra parte, la prioridad absoluta de la sociedad y también del Estado es garantizar a todos los seres humanos las condiciones de existencia en las que pueda alcanzarse una vida digna en plenitud, sin imponer nada a nadie, aunque estableciendo criterios reguladores que permitan tanto la expresión de proyectos personales de plenitud de vida e impidan la vulneración de esas condiciones de existencia.

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