Thomas Ubrich
Técnico equipo de estudio de Cáritas y Fundación FOESSA
20 meses después de su inicio, la pandemia ya ha tenido importantes consecuencias en las condiciones de vida y niveles de integración social del conjunto de la población. Consecuencias que seguirán agravándose mientras continúe la pandemia y, previsiblemente, más allá de ella.
Esta crisis social y sanitaria ha sido marcada por un empeoramiento generalizado de la exclusión y de todas las dimensiones que la componen, con un fuerte impacto en la pérdida de ingresos de los hogares. Una vez más se han evidenciado los profundos desequilibrios existentes en nuestra sociedad que hacen peligrar de manera estructural la cohesión social en nuestro país.
La brecha de desigualdad social que ha dejado la crisis confirma el mensaje reiterado en los análisis de la Fundación FOESSA desde hace más de una década en relación a la debilidad de nuestro modelo de protección social y, en especial, de nuestro modelo distributivo. El sistema de protección social y, más específicamente, las prestaciones que forman la última red de garantía de ingresos son una vez más un factor claramente determinante de las condiciones de vida y la suficiencia de las rentas de los hogares en nuestro país.
Aunque desde marzo de 2020 se ha exigido cohesión y solidaridad al conjunto de la sociedad para combatir la propagación del virus, y ahora que los indicadores macroeconómicos empiezan a ponerse en verde, no estamos saliendo juntos de la crisis social que ha generado esta pandemia. Sin embargo, tenemos claro que, para una mayor cohesión de la sociedad, la salida de esta crisis debe también ser cuestión de todas y de todos y no dejar realmente a nadie atrás.
Destacamos al menos siete retos que tenemos como sociedad para incidir en los desajustes estructurales de nuestro modelo social en España:
1. El reto de consolidar un sistema de garantía de rentas que proteja. Actualmente tan solo una cuarta parte de los hogares en situación de pobreza severa ha recibido información correcta y suficiente para iniciar el trámite de solicitud del Ingreso Mínimo Vital. En consecuencia, tan solo el 18,6% de los solicitantes en pobreza severa lo está cobrando o al menos lo tiene concedido. El IMV debe seguir mejorando en términos de cobertura y protección, además de manera complementaria con las prestaciones existentes a nivel regional para conseguir combatir la pobreza severa existente en nuestro país. Pero, es primordial insistir en el carácter multicausal de las situaciones de exclusión social que afectan a cada vez más población. Se necesita reforzar también nuestro sistema de protección social para garantizar nuestro derecho a ingresos, pero también nuestro derecho a la inclusión social.
2. Necesitamos devolver su dignidad al trabajo para crear empleo decente. No se trata solo de contar o no con un empleo, sino de la calidad de este. Es primordial potenciar un mercado de trabajo y un modelo productivo que favorezcan la creación de empleo que permita garantizar el derecho a un trabajo decente y con condiciones dignas para todas las personas trabajadoras. Con respecto a 2018, prácticamente se ha duplicado el número de hogares con todas las personas activas desempleadas (pasando de 5,9% a 10,3%) y de hogares cuya persona sustentadora principal está activa, en inestabilidad laboral grave (>_3 contratos o >_3 empresas o >_3 meses en desempleo), pasando del 4,8% al 10,3%.
3. Los derechos a la vivienda, energía, agua e internet, son derechos humanos sistemáticamente vulnerados. Necesitamos urgentemente de políticas públicas suficientes y de un sistema público de provisión de vivienda más garantista de nuestros derechos. Una prueba de ello es que se sigue incrementando el número de familias para quienes los gastos de la vivienda suponen una carga tal que, una vez realizados estos, se quedan en situación de pobreza. Una realidad que a día de hoy viven el 14% de los hogares.
4. La brecha digital se ha convertido en un nuevo elemento de exclusión social, reduciendo o limitando las oportunidades educativas, laborales o de participación en la sociedad. Una realidad que afecta a un 46% de los hogares en situación de exclusión frente al 35% del conjunto de hogares. Este dato nos indica que la brecha digital es una realidad importante a tener en cuenta no solo para las familias en situación de exclusión, sino para el conjunto de la sociedad. Es primordial impulsar medidas y estrategias que garanticen el acceso al derecho a una conexión a internet de buena calidad, a tener dispositivos que nos permitan esa conexión, y el derecho a adquirir competencias o habilidades para desenvolvernos en ese mundo. Sin embargo, es esencial velar también por el acceso al conjunto de los derechos de todas las personas, independientemente de su situación ante el mundo digital.
5. La pobreza y exclusión social siguen golpeando con más fuerza a la infancia. El déficit en inversión en infancia y en políticas orientadas a la familia son retos de primera magnitud en la construcción de una solidaridad intergeneracional efectiva. Las dificultades relacionadas con la crianza, y la debilidad de los apoyos públicos a las familias con menores de edad a cargo, incrementan el riesgo de exclusión social en estos hogares: si es de un 20,8% en conjunto de los hogares, es del 27% entre las parejas con hijos frente al 18% entre parejas sin hijos. Una incidencia mucho más acusada en el caso de las familias numerosas (47%) o de un hogar monoparental (49%), especialmente cuando la persona sustentadora principal es una mujer.
6. Asimismo, la pandemia ha intensificado y cronificado situaciones de exclusión y desventaja para la población de origen inmigrante. Mientras que las personas inmigrantes representan el 15% del conjunto de la población, pesan el 25% entre la población excluida, lo que evidencia una clara sobrerrepresentación. Necesitamos de políticas sólidas de equidad y solidaridad con esta población que se encuentra segregada ocupando los niveles sociales más desfavorecidos y con graves dificultades en los ámbitos del empleo, la vivienda y la pobreza.
7. Por último, la familia, sostén tradicional de nuestra sociedad, se está erosionando y, de confirmarse, esta tendencia podría tener efectos muy preocupantes para el desarrollo psicológico y emocional de la población. La dimensión del conflicto social que mide la calidad de las relaciones dentro de los hogares, ha pasado de afectar a un 5% de los hogares en 2018 a casi un 10% en 2021; es la que, porcentualmente, más ha aumentado en cuanto al nivel de afectación para el conjunto de la población. Nuestro sistema público de salud debe integrar una perspectiva de salud mental colectiva y comunitaria. El estrés, la ansiedad o la fatiga vital de las personas no pueden abordarse solo desde una perspectiva individual, sino que es esencial considerar el entorno social y los factores contextuales que afectan nuestra salud mental.
En definitiva, la construcción de una sociedad más equitativa y cohesionada pasa irrevocablemente y ante todo por exigir la protección y garantía de los derechos humanos, en particular para los sectores más frágiles y expulsados de la población. Pero también es fundamental que tomemos conciencia como sociedad y como comunidad para favorecer esa transformación social.
La sesión será en línea. 17/11/2021
Tema: Seminario Permanente. IUCE. UAM
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ID de reunión: 857 0944 2172
Código de acceso: Filo
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Ubrich, Thomas. (2021). Al menos 7 retos para mejorar nuestro modelo de desarrollo social. En Niaiá, consultado el 11/11/2021 en https://niaia.es/al-menos-7-retos-para-mejorar-nuestro-modelo-de-desarrollo-social/
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